“No me quiero ir”: la última noche de Maricarmen en su casa

“Por favor, luchad, no os quedéis en casa, luchad por vues­tra vivien­da, que ten­emos dere­cho a ella”. Así se dirigía Mari­car­men, de 87 años, a las más de 500 per­sonas con­cen­tradas a las puer­tas de su casa antes de ser desa­lo­ja­da el pasa­do miér­coles en el dis­tri­to de Retiro.

Tras 71 años vivien­do en el número 46 de la calle del Alcalde Sainz de Baran­da, tuvo que aban­donar final­mente su domi­cilio en camil­la y aten­di­da por el SAMUR, con­sumán­dose así el cuar­to inten­to de desahu­cio.

La mov­i­lización comen­zó durante la noche del pasa­do martes, cuan­do más de 500 per­sonas acud­ieron a la con­vo­ca­to­ria del Sindi­ca­to de Inquili­nas e Inquili­nos de Madrid. La vig­ilia se pro­longó durante toda la madru­ga­da para tratar de impedir que la comisión judi­cial eje­cu­tara el lan­za­mien­to, fija­do para las ocho de la mañana del miér­coles.

Entre la mul­ti­tud se encon­tra­ban veci­nos, activis­tas y fig­uras del mun­do de la cul­tura y la comu­ni­cación como Car­los Bar­dem, Juan Diego Bot­to, Inés Her­nand o Ana Belén. La propia can­tante y actriz tomó la pal­abra ante los asis­tentes para exi­gir respues­tas de fon­do: “Es un parche, la solu­ción tiene que ser otra”, sos­tu­vo, y agregó que “estar aquí es estar por un poco de decen­cia”. 

Toda una vida

Más allá de la batal­la legal, la afec­ta­da denun­ció el tras­fon­do económi­co de su desa­lo­jo y la huel­la que el con­flic­to ha deja­do en su salud tras casi una déca­da de pre­sión: “Yo no me quiero ir; lo que está claro es que esta gente por dinero hace lo que sea”, crit­icó Mari­car­men frente al públi­co y los medios pre­sentes, resum­ien­do con voz des­gar­ra­da el cal­vario judi­cial por el que ha pasa­do estos años: “Lle­vo siete años con una daga detrás de la nuca”.

Mari­car­men llev­a­ba vivien­do en el inmue­ble des­de 1956. El primer con­tra­to de arren­damien­to fue fir­ma­do por su padre con carác­ter vita­l­i­cio y, tras su fal­l­ec­imien­to, pasó a su madre. A la muerte de ésta en 2005, la vivien­da pasó a Mari­car­men.

El caso se remon­ta al rég­i­men de los antigu­os con­tratos de renta antigua, que per­mitían alquil­eres de duración indefini­da. Sin embar­go, la con­tro­ver­sia judi­cial se cen­tra­ba en las suce­si­vas sub­ro­ga­ciones del inmue­ble, pues la jus­ti­cia ha deter­mi­na­do que el con­tra­to no podía pro­lon­garse más al tratarse de una segun­da sub­ro­gación, dec­re­tan­do así su extin­ción.

El con­flic­to inmo­bil­iario se inten­si­ficó en 2018, cuan­do la famil­ia propi­etaria vendió la fin­ca a Renta Cor­po­ración Real Estate. Dos años después, la fir­ma ofre­ció a Mari­car­men la posi­bil­i­dad de com­prar su piso por 247.000 euros, una operación invi­able para la inquili­na. Pos­te­ri­or­mente, la propiedad pasó a manos de Urbagestión Desar­rol­lo e Inver­sión S.L., que planteó ini­cial­mente una nue­va renta de 2.650 euros men­su­ales frente a los aprox­i­mada­mente 500 euros que paga­ba. Tras varias nego­cia­ciones, la empre­sa fijó una ofer­ta de 1.650 euros al mes, una cifra que con­tinu­a­ba estando fuera del alcance de Mari­car­men, cuya pen­sión es de 1.350 euros.

El día del desahucio

Después de una larga noche de acam­pa­da para algunos veci­nos, activis­tas y mil­i­tantes del Sindi­ca­to de Inquili­nas e Inquili­nos, la Policía Nacional comen­zó a desple­garse en las inmedia­ciones del inmue­ble alrede­dor de las seis de la mañana del miér­coles, estable­cien­do un cordón poli­cial que rode­a­ba la zona con lecheras. Los activis­tas que insistieron en per­manecer den­tro del cordón quedaron ais­la­dos, dejan­do al otro lado tan­to al resto de los man­i­fes­tantes como a los peri­odis­tas que cubrían la infor­ma­ción, que no pudieron ver lo que esta­ba suce­di­en­do frente al  por­tal de Mari­car­men.

Este movimien­to provocó que la úni­ca infor­ma­ción que se pudiera obten­er sobre lo que ocur­ría fuera a través de las cámaras de los telé­fonos de los activis­tas que resistían en el por­tal y en las escaleras del piso, además de los peri­odis­tas que se encon­tra­ban den­tro del pro­pio piso de Mari­car­men (Olmo Blan­co y Andrea Ropero, entre otros).

A lo largo de la mañana, los agentes reti­raron a los man­i­fes­tantes que blo­que­a­ban los acce­sos al por­tal y se pro­du­jeron momen­tos de force­jeo entre la policía y las per­sonas con­cen­tradas. Algunos de los pre­sentes denun­cia­ron empu­jones y golpes durante la inter­ven­ción.

La con­cen­tración había for­ma­do una bar­rera humana para tratar de impedir el acce­so de la comisión judi­cial, pero la policía fue despe­jan­do pro­gre­si­va­mente los acce­sos para per­mi­tir la eje­cu­ción del desahu­cio. Aunque el desa­lo­jo esta­ba pro­gra­ma­do para las ocho de la mañana, el pro­ce­so se pro­longó durante varias horas debido a la pres­en­cia de los man­i­fes­tantes y al oper­a­ti­vo desple­ga­do en la zona. Final­mente, alrede­dor de la una de la tarde, la comisión judi­cial eje­cutó el desahu­cio. Mari­car­men aban­donó su vivien­da en camil­la, acom­paña­da por efec­tivos del SAMUR, y fue traslada­da a una ambu­lan­cia mien­tras los man­i­fes­tantes gri­ta­ban consignas de apoyo detrás del cordón poli­cial.

Tras el desahu­cio, la por­tavoz del Sindi­ca­to de Inquili­nas, Ali­cia del Río, se dirigió a  los man­i­fes­tantes para con­vo­car una nue­va mov­i­lización frente al “áti­co de Ayu­so”, en Cham­berí, la mis­ma tarde del miér­coles, que ter­minó agru­pan­do miles de per­sonas en el paseo del Gen­er­al Martínez Cam­pos. Entre las consignas que se escucharon durante la con­cen­tración estu­vo: “el áti­co de Ayu­so para Mari­car­men”.

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