Ayuso critica la propuesta de ley del alquiler de Más Madrid: “Estaríamos aplicando políticas franquistas”
La iniciativa legislativa contempla que los contratos de arrendamientos sean indefinidos
La presidenta anuncia que la Eurocámara investigará la situación del Estado de derecho de España por la ‘ley Begoña’
El debate de este jueves se ha desarrollado a base de sentencias y anuncios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de “política franquista” la propuesta de alquileres indefinidos de Más Madrid. “¿Van a poner una de sus placas de memoria histórica en cada una de las viviendas?”, ha ironizado.
La iniciativa legislativa fue presentada el pasado lunes por el principal grupo de la oposición, Más Madrid. Pretende reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para obligar a los arrendatarios a prorrogar el contrato en plazos anuales una vez llegado el día de vencimiento, “salvo que el arrendatario manifieste al arrendador su voluntad de no renovarlo o que el arrendatario haya incumplido el contrato”.
Tras la acusación de ser una ley “ilegal” y de la época de Franco, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha usado también su ironía: “Entiendo, entonces, que les encanta nuestra propuesta”. Bergerot ha defendido la ley propuesta por su grupo parlamentario al garantizar “alquileres estables para vidas estables” y que no se puedan inflar sus precios cuando venza el contrato.
Situación del Estado de derecho
Entre las declaraciones, preguntas y respuestas de la primera parte del pleno, hay una sentencia que siempre llama la atención de la prensa. Ayuso ha anunciado a los diputados de la oposición progresista que “el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de derecho en España a raíz de los casos más sangrantes”, en referencia a la ‘ley Begoña’.
Según la líder madrileña de los populares, la Eurocámara también va a investigar la restricción de “la libertad de los medios de comunicación” en los procesos judiciales y la “falta de independencia del fiscal general, imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político”.
Lo que realmente ha aprobado la Eurocámara es que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo va a admitir dos peticiones ciudadanas particulares para investigar “el Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España”. Serán los eurodiputados los que analizarán ambas peticiones en la sesión de la comisión del 16 y 17 de marzo.
En la sesión plenaria también ha habido avisos. La presidenta ha advertido a las instituciones europeas de que “el Gobierno está intentando retorcer el poder judicial, intentando manosear el Tribunal Supremo para que quede siempre impune”.
