ETA: Un recuerdo amargo en la sociedad

El miedo, la rabia y la tris­teza son los sen­timien­tos que flo­re­cen en muchos ciu­dadanos del país al hablar de ETA. Algunos, moti­va­dos por las injus­ti­cias vivi­das, deci­den hac­er de la lucha por la defen­sa de las víc­ti­mas su modo de vida; otros, sin embar­go, omiten el tema y deci­den que la mejor opción es el olvi­do. Aun así, en ambos casos y en muchos más, que­da el “amar­go recuer­do” de una sociedad azo­ta­da por el ter­ror­is­mo.

Muchas famil­ias en el País Vas­co deter­mi­nan que la omisión del tema es la mejor vía para olvi­dar el dolor. “Es un tema tabú. No se habla de ello”, cuen­ta un abo­ga­do vas­co para Infoac­tu­al­i­dad, que pide el anon­i­ma­to. 

LA POLÍCIA, UN GRUPO FUERTEMENTE AZOTADO POR EL TERRORISMO

“Si no pens­abas como ellos, eras obje­ti­vo”, con­sta­ta Mila­gros Ale­gre, agente de policía que inves­ti­ga­ba a ter­ror­is­tas de ETA en torno al año 2000. “En el País Vas­co se vivía con miedo, y muchos de mis com­pañeros vivían con miedo”, con­tinúa Ale­gre.

Durante el tiem­po que ETA estu­vo acti­vo, murieron cer­ca de 150 policías y más de 206 guardias civiles, de los 864 muer­tos y más de 7.000 heri­dos de las vio­len­tas acciones de este grupo inde­pen­den­tista.

El 11 de diciem­bre de 1987 tuvo lugar el aten­ta­do de la Casa Cuar­tel de Zaragoza, que provocó once muer­tos y 40 heri­dos. Este aten­ta­do, cuya autoría se atribuye a Hen­ri Parot, resultó en el asesina­to de seis menores, pen­san­do que en ese edi­fi­cio vivían sola­mente agentes solteros.

“Siem­pre había algu­na tapadera, algu­na empre­sa”, expli­ca Mila­gros Ale­gre, que por aquel entonces tenía ape­nas 30 años y tra­ba­ja­ba en gru­pos oper­a­tivos en Guipúz­coa y Viz­caya, donde con­ta­ba con su vivien­da, que a su vez era cen­tro de tra­ba­jo para no pasar por comis­aría. “Si no sabían que eras policía, no había ningún prob­le­ma”, afir­ma. 

LA LUCHA ARMADA

Con­sue­lo Ordóñez es una ima­gen naci­da del ter­ror­is­mo de ETA. Abo­ga­da, fun­dado­ra de COVITE (Colec­ti­vo de Víc­ti­mas del Ter­ror­is­mo) y her­mana de Gre­go­rio Ordóñez, políti­co del Par­tido Pop­u­lar asesina­do por ETA en 1995, ha hecho de la lucha con­tra el ter­ror­is­mo y el activis­mo en defen­sa de las víc­ti­mas su vida.

“Yo reclamo con­tar la ver­dad para que se haga jus­ti­cia”, cuen­ta Ordóñez a INFOACTUALIDAD. La activista lle­va años pidi­en­do que se cuente el “final pacta­do” que reivin­di­ca día tras día. “Con­taré la ver­dad, aunque sea moles­ta”, afir­ma.

Esta “ver­dad” a la que se refiere Ordóñez, sal­ió pub­li­ca­da en la por­ta­da del per­iódi­co El Mun­do, el pasa­do 20 de octubre, durante el déci­mo aniver­sario del fin de ETA.  “Habla, haz lo que ten­gas que hac­er y me dices”, esas fueron las pal­abras con las que el expres­i­dente Mar­i­ano Rajoy con­firma­ba que era con­sciente de las con­ver­sa­ciones lle­vadas a cabo por el Gob­ier­no, que entonces esta­ba pre­si­di­do por Zap­a­tero, y altos car­gos de la ban­da ter­ror­ista.

Mar­i­ano Rajoy y altos rep­re­sen­tantes del Par­tido Pop­u­lar man­tu­vieron, a través de notas de uso inter­nas, un canal de comu­ni­cación con la cúpu­la del Gob­ier­no de Zap­a­tero para estar al tan­to de las nego­cia­ciones con el grupo ter­ror­ista lle­vadas a cabo entre mayo y octubre de 2006, según ha tenido acce­so el diario El Mun­do. En estas notas se evi­den­cia que el PP sabía que “de los pre­sos se hablaría pron­to” y que se pro­ducirían “sal­i­das a lo largo de los años con mucha dis­cre­ción”.

El 11 de junio de 2006 se pro­du­jo una mul­ti­tu­di­nar­ia man­i­festación en la Plaza de Colón con­vo­ca­da por AVT (Aso­ciación de Víc­ti­mas del Ter­ror­is­mo) y respal­da­da por el Par­tido Pop­u­lar. Durante esta con­cen­tración se escucharon gri­tos con­tra Zap­a­tero y el Gob­ier­no, se orga­nizó bajo los lemas “¡Nego­ciación, en mi nom­bre no!” y “¡Quer­e­mos saber la ver­dad!” y con­tó con la pres­en­cia del entonces líder de la oposi­ción, Mar­i­ano Rajoy; la ex pres­i­den­ta de la Comu­nidad de Madrid, Esper­an­za Aguirre; y el ex alcalde del Ayun­tamien­to de Madrid, Alber­to Ruiz Gal­lardón.

“ETA había exigi­do la legal­ización de sus bra­zos políti­cos para dejar de matar porque era lo que más daño hacía”, con­tinúa la activista en la entre­vista dada a este medio. Además, acusa al PP de “traición” y “uti­lización” de las víc­ti­mas. “Se debe con­tar la ver­dad para que se haga jus­ti­cia con quien hemos paga­do el pre­cio de ETA, que hemos sido las víc­ti­mas”, con­cluye Ordóñez

EN EL PAÍS VASCO TODOS ERAN DE ETA

El abo­ga­do, que estu­vo detenido durante 10 días en depen­den­cia de la Policía Nacional de Vito­ria, Bil­bao y Madrid, describe que había “secretismo” entre los famil­iares y que “en ETA no se entra­ba” sino que, en el País Vas­co, durante las últi­mas décadas del siglo XX, “todo el mun­do era de ETA”.

“Has­ta el mis­mo momen­to en que me dejaron en lib­er­tad, esta­ba con­ven­ci­do de que iba a ir a la cár­cel”, afir­ma el abo­ga­do. “Los inter­roga­to­rios eran vio­len­tos, con golpes y ame­nazas graves” y, además, reconoce que no tuvo con­tac­to “ni con famil­iares ni con abo­ga­dos” durante esos 10 días.

“ETA no supo asumir la sociedad libre”, muer­to ya Fran­co el grupo ter­ror­ista con­tinu­a­ba come­tien­do asesinatos. La democ­ra­cia no fue sufi­ciente para su dis­olu­ción. La fase de ETA pre­via a la muerte del dic­ta­dor sirvió “para que la sociedad vas­ca en su con­jun­to” tomara con­cien­cia de que “ansi­a­ba la lib­er­tad”. Sin embar­go, según rela­ta el abo­ga­do, “luego se con­vir­tió en un prob­le­ma e inclu­so en un freno para la lib­er­tad”.

Tras la muerte del dic­ta­dor Fran­cis­co Fran­co, se ini­ció una eta­pa en la que se cometieron más crímenes. Un total de 699 per­sonas fueron asesinadas por el grupo ter­ror­ista vas­co des­de el 20 de noviem­bre de 1975, de los cuales más de la mitad eran miem­bros de las fuerzas armadas o de cuer­pos poli­ciales.

LA HISTORIA CONTINÚA HASTA QUE HAYA JUSTICIA

Durante la primera leg­is­latu­ra de Felipe González, a finales de los años 80, se aprobó la dis­per­sión de los pre­sos de ETA por las cárce­les de toda la penín­su­la. Cien­tos de etar­ras fueron envi­a­dos a pri­siones de Madrid, Castil­la-La Man­cha, Valen­cia o Andalucía. Estas dos últi­mas comu­nidades son, históri­ca­mente, las que más pre­sos etar­ras aco­gieron por esta dis­per­sión.

Sin embar­go, esta medi­da ha lle­ga­do a su fin. Según EP Data, platafor­ma de datos crea­da por Europa Press, el acer­camien­to de pre­sos al País Vas­co o a Comu­nidades Autóno­mas cer­canas ha tenido su cam­bio más brus­co a par­tir de mar­zo de este mis­mo año.

Insti­tu­ciones Pen­i­ten­cia­rias real­izó en julio de 2021 el últi­mo trasla­do y todos los pre­sos que pertenecían a la ban­da ter­ror­ista ETA, a octubre de 2021, se encuen­tran en cárce­les del País Vas­co o de comu­nidades próx­i­mas.

“Estos acer­camien­tos que ha hecho el gob­ier­no de Sánchez son ile­gales”, afir­ma Daniel Portero, diputa­do del Par­tido Pop­u­lar en la Asam­blea de Madrid. “[El reglamen­to pen­i­ten­cia­rio] establece que las jun­tas de tratamien­to tienen que dar un informe favor­able para el acer­camien­to del ter­ror­ista”, sin embar­go, estos informes, sub­raya Portero, “no se han pro­duci­do en la mitad de los casos”.

Daniel Portero sufrió la vio­len­cia etar­ra de primera mano al ser su padre víc­ti­ma del grupo ter­ror­ista. “Yo he tenido la suerte de que los asesinos de mi padre fueron juz­ga­dos”, lamen­ta. Pro­pone además que las insti­tu­ciones busquen otras vías penales para con­denar a los jefes de ETA en los casos sin resolver: “a lo mejor no con­sigues enjui­ciar al que dis­paró, pero sí al que pudo evi­tar el aten­ta­do”.  

Una del­e­gación del Par­la­men­to Europeo vis­itó España a prin­ci­p­ios del mes de noviem­bre para eval­u­ar la situación de los crímenes de ETA sin resolver. Este desplaza­mien­to se pro­du­jo a raíz de una solic­i­tud real­iza­da en el año 2017 por la aso­ciación Dig­nidad y Jus­ti­cia ante la Comisión de Peti­ciones del Par­la­men­to (PETI) en la que pedía que se inves­ti­garan “los 379 crímenes sin resolver del grupo ter­ror­ista ETA”.