El hospital de Torrejón y la universidad pública, los dos grandes protagonistas de la última sesión de la Asamblea 

Estuvo animado el último pleno de la Asamblea de Madrid, en el que se debatió el presupuesto de la comunidad para el año 2026. Tanto dentro como fuera del edificio hubo tensión.  

Dentro, el escándalo del grupo Ribera Salud en el hospital de Torrejón y las más de mil enmiendas presentadas por Más Madrid enfocadas en la infrafinanciación de la sanidad y de la universidad públicas. Fuera, la concentración para la defensa de la universidad pública.

“No vamos a cambiar un modelo que funciona”. Esta fue una de las primeras frases que pronunció la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, durante el desglose del presupuesto autonómico para 2026. Según ella, han destinado a sanidad más de 11 mil millones de euros, un 5,3% más respecto al año pasado y el “mayor de la historia”. 

No parecía un día muy propicio para hablar de sanidad pública, transcurridas tan solo 24 horas desde que se diera a conocer el escándalo del Hospital Universitario de Torrejón, donde una filtración desveló que la empresa Ribera Salud, responsable de la gestión del centro, priorizaba a los pacientes “rentables” y dejaba sin atender a los que consideraba “no rentables”, con el objetivo de mejorar los beneficios económicos. La oposición se aferró a esto para rebatir las partidas presupuestarias del gobierno de Ayuso.

“El escándalo es la realidad de la sanidad de Ayuso. Cambia pacientes por clientes”, afirmó Fernando Fernández Lara, portavoz adjunto del PSOE, quien tachó el presupuesto de “expresión del totalitarismo” y acusó a la presidenta de la comunidad de convertir la sanidad y la universidad en negocios.

El otro grupo de la oposición, Más Madrid, aprovechó la rueda de prensa de su portavoz, Manuela Bergerot, para tachar al presupuesto destinado a sanidad como parte de un “sistema diseñado para vaciar las arcas de la sanidad pública”. También informó de la solicitud de la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el hospital de Torrejón y grupo Ribera Salud. Al preguntarle por posibles mejoras para el sistema de salud madrileño que propone su partido, Bergerot se mostró tajante al declarar “con no robar es suficiente”.

Sobre la educación pública, Albert López-Ibor se mostró optimista al declarar que el objetivo del Gobierno autonómico es “impulsar la educación superior libre, plural y de calidad” destinando 7 mil millones de euros. La incredulidad de la oposición y de los presentes ante esa muestra de satisfacción se hizo visible con la respuesta del portavoz adjunto del PSOE. Fernández Lara explicó que solo se destinaban 65 millones de euros para todas las universidades de la comunidad, lo cual supone un presupuesto menor al de 2009 si se ajusta la inflación, y sumándole la presencia de 12.000 alumnos más que en ese año.

Pero el ritmo del interior de la Asamblea poco tenía que ver con lo que ocurría en el exterior. Afuera, más de 100 personas se concentraban en defensa de la universidad pública con pancartas al grito de “la lucha sigue, cueste lo que cueste” y “Ayuso, escucha, la uni está en lucha”. El frío no impidió que tanto estudiantes como profesores y otros ciudadanos que se sumaron a la protesta detuvieran su rutina para defender el derecho a la educación universitaria pública.

“Es una situación crítica”, confesó, afectado, Alejandro Miguel, vicepresidente de CGT de la Universidad de Alcalá, quien sostuvo que la comunidad autónoma tiene que invertir, al menos, el 1% de su PIB en financiar a las universidades públicas. “La lucha se está llevando a cabo desde distintos foros: plataformas horizontales en las universidades, quienes no tienen relación directa con la Comunidad de Madrid, sindicatos organizados con estructuras de las federaciones de enseñanza y la línea oficial, la conferencia de rectores de las universidades de Madrid que son quienes se reúnen con la consejería de educación”, explicó al preguntarle por la relación con el gobierno de la comunidad.

“He venido a defender que todo el mundo tiene derecho a tener una educación, no solo quien se la pueda permitir —aseguraba agitada Noa, una estudiante de Biología de la Universidad Autónoma—. La educación nos permite darnos cuenta de las injusticias”. Tanto Noa como Miguel, estudiante de Magisterio de la Complutense, no esperaban ningún tipo de respuesta por parte del gobierno autonómico.