Refugiados en Grecia: la crisis olvidada

Mafias, condiciones cuestionables en los campos de refugiados, devoluciones en caliente o trabas burocráticas interminables. Los problemas no se marcharon con la exposición mediática en 2016

Niños corriendo y saltando despreocupados, jugando entre globos, entretenidos con un puzle. Una escena típica en cualquier infancia. Lo anómalo es el escenario: un aparcamiento de gravilla a escasos metros del campo de refugiados de Malakasa, una antigua base militar a las afueras de Atenas que alberga a más de un millar de personas. Los adultos que juegan con ellos no son monitores de campamento, sino voluntarios de una ONG española que opera en Grecia, SOS Refugiados. Desde luego, no es una infancia al uso. 

Amir y su hermana Mahsa, de cinco y nueve años respectivamente, son dos niños “normales” y, dentro de todas las dificultades, “felices”. Esto lo cuenta su madre, Samira (el nombre, como el de sus hijos, está cambiado para preservar su privacidad), una mujer iraní que desde hace nueve meses vive en el campo de Malakasa junto a su marido e hijos. Samira es de las pocas personas que se atreve a contar su historia. Debido a su situación de vulnerabilidad y el miedo a posibles represalias, muchos refugiados, con una amable sonrisa, optan por no hablar.

Como otros tantos refugiados, Samira entró en Grecia a través de la mafia. Bajo la promesa de víveres y un barco para once personas, ella y su familia aceptaron el trato que les proponían: vender su casa y su coche a cambio de un pasaje hasta el país heleno. La realidad con la que se encontraron fue bien diferente: les dejaron a su suerte en un bote con otras 77 personas. “Estuvimos en el barco cuatro días, sin agua y sin comida. Los niños estaban muy enfermos y vomitando”, relata con la mirada seria.

Al cuarto día de travesía, el bote se quedó sin combustible, por lo que navegaron a la deriva hasta que consiguieron contactar con el barco que les terminó rescatando: “Nos respondieron a las seis de la mañana, pero la ayuda no llegó hasta las doce de la noche”. Tras varios días bajo custodia en tierras griegas, las autoridades los derivaron al campo de Malakasa. Al llegar, la única ropa que tenían era la que llevaban puesta. Tardaron más de un mes en conseguir nuevas prendas y no fue gracias al Gobierno, sino a “unos buenos amigos de fuera del campo y grupos de caridad”. 

Aunque su vida no es sencilla, Samira agradece profundamente la hospitalidad griega e insiste en dejar constancia de ello: “Podremos tener problemas en la nutrición y de vestimenta, pero la gente es muy buena y nos aceptó en su país”.

De la guerra en Siria al campo de Malakasa

Youssef, un joven sirio de apenas 24 años, se peina coquetamente para la entrevista mientras enseña emocionado su escena favorita de La Casa de Papel, serie de la que se declara fan absoluto. Los ojos le brillan de orgullo al recordar que era el “mejor estudiante” de su escuela y que llegó a ser premiado por el gobernador de su localidad. Cuando en 2011 la guerra golpeó su ciudad natal, Alepo, se vio obligado a abandonar el colegio. Tenía diez años y solo pudo estudiar hasta quinto de primaria. Un día, cuando iba a clase, encontró su escuela destruida y a uno de sus “amigos más queridos de la infancia” muerto. “Nada en la vida permanece constante”, comenta con resignación.

Hasta que decidió abandonar su patria en 2015, vivió la destrucción de su casa, la muerte de su tío a manos de un francotirador o la explosión de un barril-bomba lanzado desde un helicóptero: “Un fragmento de metralla me dio en el hombro, la fuerza de la explosión hizo que me golpeara la cabeza y que me quedase sin conocimiento”. La hemorragia cerebral causada por la contusión hizo que perdiese la memoria durante dos semanas.

La necesidad de alimentar a sus cinco hijos obligó a su padre a trabajar en Turquía y a enviarles dinero de manera periódica. En 2016, empezó a pensar en la reunificación familiar. El plan se truncó inesperadamente cuando el abogado encargado del trámite les traicionó, lo que supuso un varapalo económico para la familia: “Nos quedamos en un estado de bancarrota total”, lamenta Youssef.

Al fallarles la entrada legal, no les quedó otra opción para poder entrar en Turquía que recurrir a “gente peligrosa y sin ningún tipo de moral”, es decir, a la mafia. El trayecto, que hicieron junto a otras noventa personas en su misma situación, les costó seiscientos euros (cien euros por persona) y consistía en atravesar los bosques montañosos que separan Siria de Turquía. Después de cargar a su hermano de año y medio durante catorce horas soportando una intensa lluvia, un joven Youssef de quince años llegó, por fin, a Turquía junto a su familia. Comenzaban una nueva vida.

Al no disponer de título, ni siquiera el título de primaria, encontrar trabajo fue una auténtica odisea para Youssef. Después de dos años logró dominar el turco y encontró trabajo como traductor personal. Lo había conseguido: estaba con su familia, con trabajo estable y con el recuerdo de la guerra cada vez más lejano. Lo que parecía un punto final para el drama de Youssef resultó no serlo porque, como amargamente ha aprendido, “nada en la vida permanece constante”. 

El auge de los discursos antinmigración, avivados por crímenes aislados cometidos por sirios, despertó una desconfianza generalizada hacia su comunidad. El líder del principal partido opositor turco, Kemal Kiliçdaroglu, llegó a afirmar en campaña electoral: “Tan pronto como llegue al poder, los enviaré a todos los sirios a sus casas”. Eso si, “en paz y de forma ordenada”. “Tenemos una guerra, pero ellos no entienden el significado de esa palabra”, recuerda Youssef.

“Éramos atacados, apuñalados o acosados por hablar árabe”

“Éramos frecuentemente atacados, apuñalados o acosados simplemente por hablar árabe y no se hacía justicia”, denuncia Youssef. Cuando tenía que recoger a su hermano pequeño del colegio, los dos evitaban hablar en árabe por miedo a posibles ataques. 

La situación para los sirios había empeorado, pero todavía no había afectado de manera significativa a Youssef. Hasta que llegó la noche del 4 de julio de 2024, una noche que cambiaría para siempre su vida. Mientras iba al supermercado para comprar zumo, dos agentes turcos le pararon y le pidieron la documentación. Youssef disponía de una identificación temporal, pero la crueldad del azar quiso que esa noche dejase la cartera en su casa. Aunque estaba de suerte, ¡se sabía su número de memoria! Pero, como si de una tragedia griega se tratase, ni siquiera eso le sirvió para zafar su destino: “Esta explicación generalmente era suficiente, pero esta vez me detuvieron y planeaban deportarme a Siria”. Y es que los policías pensaban que era turco (por su aspecto y su fluidez en el idioma) hasta que les recitó su número de identificación: el de los sirios empieza por 99, mientras que el de los turcos por 125. Inconfundible para cualquier policía. Irónicamente, él mismo se había delatado, sellando su suerte.

“Fue muy difícil irme sin despedirme de mis padres”

Los agentes que planeaban deportarle lo llevaron hasta la frontera. Youssef, con la excusa de ir al baño, consiguió escaparse. Consiguió sortear la persecución policial, pero aun así no fue nada sencillo: “todavía no me creo que consiguiera escapar de la policía”, reconoce. Una llamada a su padre le confirmó que su identificación temporal había sido cancelada, por lo que no le quedó otra opción que dejar a su familia, su trabajo, su nueva vida en Turquía y empezar de cero en otro país. “Fue muy difícil irme sin poder despedirme de mis padres, sin besar la mano de mi madre, o sin poder abrazar a mis hermanos”, asegura con tristeza en la mirada.

5.000 euros o, mejor dicho, todos sus ahorros, fue el dinero que le costó llegar hasta Grecia a través de los traficantes de personas. Según comenta, solo un mes antes el pasaje rondaba los 3.000 euros, pero debido a la complicada situación de los sirios en Turquía, la demanda había subido. Los traficantes le llevaron en coche evitando los controles de carretera y tuvieron que andar varios días por el bosque hasta llegar a la costa. Este trayecto lo realizó junto a otras cincuenta personas, desde palestinos y sirios hasta ciudadanos egipcios.

La última parte del viaje consistía en navegar, junto a otras treinta personas, en un bote hasta la isla de Rodas. Eran las 5:30 de la madrugada cuando el motor se les estropeó en medio del mar. Youssef tuvo la suerte -y la desgracia- de entender perfectamente el turco: “Escuché decir al mafioso que si el motor no funcionaba, nos dejarían allí y se irían. Tenía mucho miedo”. Tras varios contratiempos, tanto él como sus compañeros de barco llegaron a la costa de Rodas el 12 de julio de 2024, donde les “recibieron” las autoridades griegas. Tras tres días en prisión y dieciséis horas en barco llegó finalmente a la que sería su nueva vida: el campo de refugiados de Malakasa. 

En tan solo unas semanas pasó de estar con su familia en Turquía, donde tenía un trabajo estable, a vivir en un contenedor con otros mil refugiados sin absolutamente nada. Al no tener papeles, Youssef se tiene que conformar con trabajar de manera irregular en una fábrica diez horas por treinta euros al día: “Es un mal trabajo, pero por mi situación no puedo encontrar otro”. 

Pese a su precaria situación, afirma con gratitud que en Grecia ha llegado a encontrar a “musulmanes sin Islam”, refiriéndose a las voluntarias españolas de SOS Refugiados. El, que es musulmán, asegura que en su religión es esencial “ser buena persona y amable con la gente”, por lo que su afirmación va mucho más allá de un simple cumplido.

Hoy afronta la vida que le ha tocado con estoicismo y determinación: “Soy el hijo mayor; antes me sacrifiqué mucho porque no pude estudiar y ayudaba a mi padre trabajando, y me sacrificaré ahora y el resto de mi vida por mis hermanos, por mi padre y por mi madre”. A su corta edad, este joven apasionado por el anime, La Casa de Papel y Cristiano Ronaldo ha pasado por experiencias que equivalen a varias vidas.

La famosa entrevista

Dentro de unos días se cumplirán nueve meses desde que Samira y Youssef ingresaron en el campo de Malakasa y el futuro de ambos es incierto. Todo depende de la famosa entrevista, un interrogatorio en el que tendrán que argumentar frente a un funcionario si su situación es lo suficientemente crítica como para merecer el estatus de refugiado. Es, prácticamente, la única oportunidad que tienen los solicitantes de asilo de regularizar su situación. Normalmente tienen que esperar meses, incluso años. No solo eso, sino que cuando se acerca la ansiada fecha es común que la pospongan varios meses, escudándose en que “no hay traductores disponibles”. Según el Ministerio de Migraciones y Asilo, el número de solicitudes de asilo pendientes aumentó casi un 50% en 2023 respecto a 2022. 

El caso de Youssef es particularmente desesperante: su entrevista estaba inicialmente programada para el 20 de diciembre de 2024, pero se la han pospuesto al 8 de octubre de 2025. El origen de este retraso, aparte de la falta generalizada de traductores, está en que el Gobierno griego ya no considera Siria un “lugar peligroso” tras la caída del régimen de Bashar al-Ásad. Sus posibilidades de pasar la entrevista y conseguir papeles se reducen drásticamente debido a la nueva categoría en la que entra su país. Como muchos otros sirios, de momento, no contempla volver: el nuevo Gobierno no le inspira demasiada confianza y está a la espera “de lo que pueda pasar”.

En los últimos años se han endurecido de manera general los requisitos para pasar la entrevista. “Es casi como sacarse unas oposiciones”, cuenta Eva, voluntaria de SOS Refugiados. Si tienes la “suerte” de que tu país esté en guerra, como es el caso de Afganistán o, hasta hace muy poco, Siria, hay muchas más posibilidades de pasarla. En cambio, a quienes llegan de países como Egipto, Pakistán o Bangladesh en busca de una mejor vida, el Gobierno griego les negará el asilo, pues considera que sus países son seguros. Según datos del Ministerio de Migraciones y Asilo de 2023, países como Palestina, Yemen o Ucrania tienen, respectivamente, una ratio del 99%, del 98% y del 93% a la hora de conseguir el estatus de protección en la primera entrevista. Por el contrario, países como Egipto o Pakistán tienen una ratio menor del 2%. Aunque las diferencias son abismales, existen ciertas excepciones entendidas de alto riesgo como ser cristiano en Irán o transexual en Pakistán.

La inmensa mayoría se queda de manera ilegal en Grecia

Si rechazan su solicitud, el panorama es desolador: no pueden trabajar de manera legal, no tienen acceso a sanidad más allá de urgencias y, en caso de problemas de drogodependencia, tampoco es posible acceder a programas de rehabilitación. Todo lo que reciben es una notificación para abandonar el país en menos de treinta días, algo que casi ningún refugiado acata: la inmensa mayoría se quedan de manera ilegal en Grecia. “Tienen sueños, se arriesgan mucho para llegar aquí, gastan mucho dinero, venden sus casas, ¿cómo van a querer regresar?”, se pregunta George Tsouros, trabajador social de la ONG griega Solidarity Now.

Los que no superan la entrevista (en torno al 23.3%, según datos del Ministerio de Migraciones y Asilo en 2023) se ven atrapados en una especie de limbo: si la policía les para, les pueden encarcelar en los detention centers, unas prisiones diseñadas para los “solicitantes de asilo” cuyo único delito sea estar indocumentados y tener una orden de expulsión. “Algunos han llegado a estar encarcelada dieciocho meses”, comenta Tsouros. Una vez liberados, vuelven a verse en la calle sin papeles, preguntándose cuándo les volverán a detener: “Suena un poco loco, pero hay mucha gente en este limbo”, afirma. Según datos del Asylum Information Database, las personas detenidas en estos centros en 2023 eran 19.003, de las cuales 504 eran menores no acompañados.

Para esquivar los detention centers, muchos solicitantes de asilo, piden una nueva entrevista, a sabiendas de que no conseguirán pasarla. Esta petición les proporciona un documento que pueden enseñar a la policía y, como cuenta Tsouros, “si están de buen humor, igual no les llevan al detention center”. Cada nueva cita, una vez llevan tres apelaciones rechazadas, cuesta cien euros.

Squats: edificios abandonados u okupados autogestionados

Durante un tiempo, una opción para aquellos refugiados “ilegales” eran los squats: edificios abandonados u okupados autogestionados por ciudadanos griegos, colectivos o movimientos sociales, una alternativa a la mendicidad a la que muchos se veían abocados. La mayor parte de estos edificios se encontraban en el barrio anarquista por excelencia de Atenas, Exarchia. En la actualidad, ya no queda prácticamente ningún squat en activo:  las constantes redadas de la policía cumplieron su cometido. Según cuenta Tassos Smetopoulos, de la ONG griega contra la droga y la mendicidad Steps, lo primero que hizo el gobierno de Kyriakos Mitsotakis fue cerrarlos todos.

El modelo griego es deficiente, ya que no consigue expulsar a los refugiados, pero tampoco les permite integrarse, condenándolos poco más que al ostracismo. Triana, voluntaria de SOS Refugiados, considera que este tipo de políticas “no son útiles ni siquiera para sus propósitos de descongestionar el país, pero sí lo son para seguir machacando psicológicamente a la población migrante”. 

Pese a la dinámica general, hace unos meses se aprobó una nueva ley que ayuda a los solicitantes de asilo a regularizar su situación: “Si alguien lleva tres años en Grecia, conserva el pasaporte de su país de origen y hay un empresario que quiere contratarlo, puede pedir documentos legales”, explica Tsouros. Una chispa de esperanza para aquellos refugiados que desean integrarse y reconstruir su vida.

La vida en los campos

Los retrasos en las entrevistas obligan a los refugiados a pasar mucho más tiempo en los contenedores de los campos del que les correspondería. Meses de frustración, incertidumbre y malestar. Ese malestar se refleja en la salud de los más pequeños: “Tenemos muchísimos mensajes de familias que nos dicen que desde que han llegado al campo la salud de sus hijos va a peor; lo ves en la energía de los niños o en los dientes, que se les oscurecen por falta de vitaminas”, explica Eva.

A la falta de traductores se suman las denuncias sobre la comida, considerada “escasa y de mala calidad” por los refugiados y las ONG. Todos los días a las doce de la mañana, se reparten tres paquetes de comida, cada uno del tamaño de una mano, que cada refugiado tendrá que gestionar como pueda hasta que hagan otra entrega veinticuatro horas después. Unos packs que, para muchos refugiados, son insuficientes. Triana asegura haber visto muchas veces comida caducada, sin descongelar o que contenía cerdo, teniendo en cuenta que “el 75% de la gente dentro de los campos son musulmanes”. Según el informe realizado en 2023 por la Red SOS Refugiados Europa, más de la mitad de los refugiados que viven en los campos de Malakasa y Ritsona no reciben alimentos frescos a diario.

Por eso es fundamental la ayuda de la organización en la que ella trabaja, SOS Refugiados, la cual proporciona comida semanalmente a unas 4.000 personas, tanto en el campo de Malakasa como en el de Ritsona. “Necesitan una alternativa cuando lo que les entregan no está en buenas condiciones”, sostiene Triana. No solo aportan más calorías a su alimentación, sino que también les dan una oportunidad “de cocinar como les gusta, en base a su cultura, o cuando les dé la gana”. No solo distribuyen comida, sino también pañales, compresas y hasta juguetes para los más pequeños.

Desde SOS Refugiados también suministran comida a aquellos refugiados que tienen aprobada su solicitud de asilo pero que están a la espera de que les entreguen sus documentos. Durante este proceso, conservan el derecho a estar en los campos de refugiados, pero no a disponer de sus servicios. En otras palabras, no tienen acceso ni a la comida, ni a la sanidad en un periodo que puede durar de dos a cuatro semanas. “Hay un vacío legal en el que estas personas no están recibiendo ninguna atención”, afirma Triana. 

Abandonar el campo en busca de comida sin tener todavía los papeles es una alternativa peligrosa: “Si te para la policía, no tienes nada que enseñarles. Se encuentran en un limbo legal supervulnerable y superpeligroso”, concluye Triana, que ya ha elevado la queja a la Comisión Europea.

Seguridad y alimentación, en manos privadas

“Lo que quieren es lavarse las manos”. Este es el motivo que encuentra Eva detrás de que el Gobierno delegue la seguridad y la alimentación en empresas privadas a través de subcontratas. La seguridad privada es la encargada de que resulte imposible acceder al campo de Malakasa, ya sea para documentar lo que ocurre dentro o para que una ONG pueda proporcionar ayuda. Según cuenta Triana, la prohibición a las ONG se puso en marcha en febrero de 2023. Solo unas pocas, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), consiguen los permisos necesarios para operar dentro, mientras que la gran mayoría se ven obligadas a ayudar desde fuera. Triana lleva más de dos años solicitando este permiso todas las semanas. A día de hoy, sigue sin conseguirlo. Considera que las prohibiciones tienen como objetivo “ que no puedas denunciar las condiciones en las que se encuentran los refugiados”. 

Un voluntario de una ONG griega que estuvo trabajando en el campo de Malakasa (ha preferido mantener su anonimato por “miedo a que puedan meter en una lista negra” a su organización) considera que estas medidas “tienen como objetivo restringir la capacidad, el acceso y los recursos de las ONG para poder brindar un apoyo significativo”. Según él, la presencia de las ONG, “deslegitima al Gobierno al asumir funciones que este debería hacer”, motivo por el cual no las quieren allí.

Documentar lo que ocurre en los campos de refugiados también es todo un reto. Ni siquiera desde fuera se puede. Tras hacer unas fotos, la seguridad del campo no tardó ni quince minutos en venir a por mí. De no haber sido por la ayuda de una ONG que tenía la furgoneta cerca, me habrían llevado a comisaría. Si te pillan, según cuentan las ONG, te puedes enfrentar a un delito de espionaje al encontrarse el campo en una antigua base militar, tipificado con hasta veinte años de cárcel. Aunque lo más habitual sería que te requisen el equipo fotográfico y que te obliguen a borrar las fotos.

“La gente teme decir algo incorrecto y que tenga repercusiones”

Este impedimento no se aplica solo a los periodistas. “No nos dejan entrar a los campos, no podemos acercarnos siquiera, tú lo has visto, a tres metros de los campos no podemos sacar fotos -dice Eva-. Casi no podemos hablar con la gente porque tienen miedo de decir algo incorrecto y que luego tenga repercusiones dentro del campo”. La falta de fiscalización permite a los gestores “hacer lo que quieran” en los campos. Eva denuncia “que no hay acceso a poder dar voz e imagen” y afirma que “las condiciones han empeorado bastante, porque los campos son cada vez más herméticos”. 

La sanidad, al contrario que el resto de servicios, depende exclusivamente del Gobierno y tampoco está exenta de quejas: “Es muy precaria”, afirma Triana. En el campo de Malakasa hay dos doctores para novecientas personas.

Una infancia entre contenedores y vallas

Hay niños para los que el campo de refugiados se convierte en su hogar, niños que nacen en Malakasa y tras cinco años siguen viviendo ahí. Esto es lo que más le impactó a Savvopoulou Fotini, trabajadora de la ONG Kethea Mosaic, que estuvo hasta 2021 trabajando en campos de refugiados: “A veces pienso en esos niños y en que el único entorno que han visto es el campo. Es muy triste”. 

Cuarenta kilómetros del centro de Atenas es una distancia más que suficiente para aislar a los refugiados y dificultar su integración. Conseguir un trabajo estable o llevar a los niños al colegio se convierte en un verdadero reto para las familias de Malakasa. Según datos del informe publicado en 2023 por Red SOS Refugiados Europa, tan solo la mitad de los menores que viven en Malakasa y Ritsona están escolarizados. Tsouros, considera que el aislamiento que producen los campos es el mayor problema al que se enfrentan los refugiados.

Los hijos de Samira son dos de los cientos de niños que viven en los contenedores de Malakasa. Pero, pese a todas las dificultades, pertenecen al grupo afortunado: muchos de los menores que llegan a Grecia lo hacen sin el amparo de su familia. Según datos del informe de 2023 de Red SOS Refugiados Europa, en Grecia hay 40.000 niños refugiados y migrantes, de los cuales 3.854 no están acompañados.

Los menores no acompañados gozan de una protección especial. En el mejor escenario posible, pasan solo un par de semanas en los campos, tiempo necesario para que les hagan el registro. Una vez pasado este plazo, los reubican en refugios gratuitos en la ciudad. Aunque, según el secretario de Personas Vulnerables y Protección Institucional del Ministerio de Migraciones y Asilo, Heracles Moskoff, estos centros están saturados: “Hay 2.000 plazas para 3.000 o 4.000 menores interesados”. Desde el Ministerio, quieren incluir quinientas plazas más, pero reconocen que no es algo sencillo. “Es muy caro, el coste por niño al día es de ochenta euros”, comenta Moskoff.

Se produjo una agresión sexual hace unos meses en Malakasa

La congestión de los refugios les obliga quedarse hasta cuatro meses dentro de los campos en las safe areas, zonas teóricamente seguras reservadas para los menores, pero que no están diseñadas para largas estancias. Triana denuncia que los menores en las safes areas “no están protegidos de ninguna manera, ya que todo el campo tiene acceso a ellos”. Está situación tomó un perverso cariz cuando nos enteramos de la agresión sexual contra un menor que se produjo hace unos meses en Malakasa. Moskoff considera que la responsabilidad recae sobre su Ministerio, ya que no deberían permitir que algo así sucediese. “Hemos hecho mejoras en las safe areas, como vallas y más turnos de noche”, asegura.

El aumento de la presión en los campos, tanto en el número de menores no acompañados como en el resto de los refugiados, no solo se debe a que las llegadas totales hayan aumentado, sino al nuevo pacto migratorio europeo que entró en vigor en el verano de 2024. El acuerdo endurece las condiciones para migrar, obligando a entrar por vías ilegales a personas que en circunstancias normales no se verían forzadas a ello. Este es el caso de los egipcios: “Antes podían llegar a Grecia con una visa de trabajo, de estudios o de turismo; luego se quedaban aquí de manera irregular, pero llegaban a través de vías seguras. Esto ya no está pasando”, sentencia Triana. Según cuenta, han quitado a Egipto del listado de países que pueden acceder a este tipo de visados, lo que provoca que “todas las personas que emigran desde Egipto se ven forzadas a utilizar vías irregulares”, lo cual incrementa el número de llegadas a los campos. 

“Al cumplir los 18, muchos dejan de recibir ayudas y se quedan en la calle”

El gobierno griego considera a Egipto un país seguro, por lo que casi ningún refugiado que provenga de ese país conseguirá regularizar su situación. La excepción son aquellos menores que, atienden de manera regular a clase durante tres años y aprenden griego, pueden conseguir un permiso de residencia válido por diez años. En cambio, los que acaban de cumplir dieciocho años, se quedan desamparados. Moskoff dice que desde su secretaría apuestan por una “transición suave a la adultez”, aunque la realidad no siempre acompaña: “Muchos de ellos, cuando cumplen los dieciocho, están fuera del sistema de protección, dejan de recibir ayudas y se quedan en la calle”, comenta Smetopoulos.

Los campos, con el hacinamiento de personas en contenedores y la mezcla de culturas en su interior, suponen un caldo de cultivo perfecto para las peleas: “Estás viviendo en un contenedor con otras quince personas, uno es de Somalia, otro de Pakistán, otro de Egipto, otro de Afganistán. Eso crea tensiones que explotan en algún momento”, comenta Triana. El Gobierno intenta clasificar a los refugiados por país, religión o cultura para evitar roces, pero debido a la congestión en los campos, esto no siempre es posible. “No todo el mundo, por ser refugiado, es una bellísima persona. También hay caracteres, hay agresividades. Igual que las hay entre nosotros, las hay entre ellos”, subraya Triana.

Devoluciones en caliente

En las oficinas del Ministerio griego de Migraciones y Asilo, el secretario general de la Secretaria de Personas Vulnerables y Protección Institucional, Heracles Moskoff, fija las líneas rojas de la conversación. Se escuda en que ciertos temas “no son de su competencia”, sino de la Secretaría General de Políticas Migratorias dentro de su mismo ministerio, que apenas da entrevistas.

Entre esos temas más peliagudos están las restricciones a periodistas y ONG, las condiciones en los campos y los pushbacks o, en español, devoluciones en caliente: expulsiones ilegales e inmediatas a los migrantes y refugiados en las fronteras, sin permitirles solicitar asilo o acceder a procedimientos legales. Estas prácticas son siempre objeto de controversia y han motivado varias denuncias por parte de organizaciones internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos, Frontex, Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional. Muchas de estas operaciones llevadas a cabo por la guardia costera griega han provocado la muerte de migrantes; los testimonios de los supervivientes suelen hablar de abandonos en mitad del mar. En enero de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó, por primera vez, al estado griego por los pushbacks.

Pasaportes falsos como alternativa

En el centro de Atenas, la calle Acharnon, es conocida por cualquier persona que quiera conseguir documentación falsa para migrar ilegalmente desde Grecia y probar suerte cruzando a otro país. No son pocos los que quieren hacerlo. La mayor parte de los refugiados no tienen a Grecia como su meta final, pero se ven atrapados en el país heleno al intentar entrar en Italia, Inglaterra, Países Bajos o Alemania, el destino predilecto. “Muchos de los que viven en los campos de refugiados están tan desesperados por tener una entrevista que recurren a un pasaporte falso”, cuenta Triana, que desaconseja preguntar en esa zona para conseguir información: “Si quieres que te den un tiro, sí, porque en esa calle te lo pueden dar muy fácil. Hay muchísimas armas ahí”.

Existen grandes diferencias de precio entre pasaportes de distintas nacionalidades debido a la complejidad de su fabricación. El más barato es el iraquí, que tan “solo” cuesta quinientos euros, mientras que el más caro, el sirio, ronda los 3.000. La mafia muchas veces usa a los propios refugiados para promocionar su producto. “Todo el mundo conoce esto”, asegura Fotini.

Muchos se ven abocados a la prostitución o al tráfico de drogas para pagar un pasaporte falso

Al no poder trabajar de manera legal debido a la falta de papeles, muchos se ven obligados a dedicarse a la prostitución o al tráfico de drogas para poder pagar un pasaporte falso. Trabajos donde la mafia cobra un perverso protagonismo: “En el momento en el que creas una restricción, creas al mismo tiempo una oportunidad para que la mafia gane dinero”, comenta Smetopoulos.

“El no tener nada, sumado a la desesperación, hace que algunos de los refugiados se metan en actividades ilegales”, argumenta Fotini. Esto supone la excusa perfecta para quienes sostienen que todos los refugiados son malos, de la que se alimentan grupos como Amanecer Dorado, un partido de corte ultranacionalista que fue declarado organización criminal e ilegalizado en 2020. Según cuenta Fotini, en el pasado realizaban ataques contra la comunidad refugiada, pero hoy en día han desaparecido casi por completo.

Por su parte, Moskoff considera que la crisis de los refugiados “a nivel político y periodístico, se trata más como una amenaza y un peligro que como una oportunidad o algo fácil de manejar”. En un país de diez millones y medio de habitantes como es Grecia, el número de refugiados no llega a las 200.000 personas, según datos de ACNUR. 

Según las estadísticas de otros países europeos, como España o Italia, los extranjeros cometen en proporción más crímenes que los nacionales. En Grecia, donde no hay datos oficiales sobre el crimen desglosados por nacionalidad, también comparten esta percepción.

Pese a esta escasez de información, desde las ONG apuntan a la pobreza, a la mendicidad y a la marginalidad como las responsables de esta mayor proporción en el crimen. Los refugiados son líderes de todas estas variables, de estos factores de riesgo. “Si no estás integrado, la criminalidad aparecerá. Aquí está claro que no hacemos una buena integración”, señala tajante Fotini. Según ella, la ubicación de los campos, tan alejada de la ciudad, es una manera “de dejarlos fuera de la sociedad” y hacer que vivan en guetos. Que no quieran quedarse en el país heleno de forma permanente, sino que lo consideren un “país de tránsito”, la dificultad del idioma griego o la falta de programas que les ayuden son factores que complican su integración. Tsouros sostiene que “la mitad de la responsabilidad es de los refugiados, mientras que la otra mitad es de Grecia”.

Eva cree que no hay que generalizar, pero que las “estadísticas no pueden obviarse”. Tras más de cinco meses trabajando en los campos de Malakasa y de Ritsona ha notado actitudes y gestos que no le han gustado relacionados con ser mujer: “Notas cosas que quizás tú en tu cultura no aceptas, cosas que me he tenido que tragar. En España reaccionaría y no lo aceptaría. Aquí lo acepto y sigo con mi día”. Considera que no hay que ignorar los datos aunque esto sea políticamente incorrecto. “El hecho de que seas hombre, de qué cultura vengas, qué religión tengas o qué edad tengas, importa. Hay que tener en cuenta absolutamente todo”, afirma.

Refugiados en Grecia, toda una incógnita

La coyuntura económica del país heleno no hace fácil la recepción de refugiados: “La situación en Grecia es muy difícil, el gobierno no les ayuda y hay muchos refugiados. Toda esta situación vuelve a la gente más racista”, sostiene Tsouros. Tras más de una década desde la crisis económica de 2008, sus secuelas se siguen notando y los griegos todavía no se han recuperado del todo. En este contexto muchos se preguntan si son capaces de ayudar o, incluso de serlo, si deberían hacerlo. “No es que la gente tenga falta de empatía, sino que están cansados”, sostiene Smetopoulos.

Según confirman distintas ONG, la mayor parte del dinero que se gasta en los refugiados no viene del estado griego, sino de la Unión Europea. Fotini señala que el problema, no es tanto económico, sino de coordinación y burocracia. Por su parte, Tsouros cree que el dinero que el paísrecibe “no se gasta de manera adecuada para que la gente se integre”. Desde su punto de vista, la política del Gobierno está enfocada en “que los refugiados no quieran venir a Grecia”.

Mafias estafadoras, condiciones cuestionables en los campos, devoluciones en caliente o trabas burocráticas interminables: los problemas no se marcharon con la exposición mediática en 2016. Como señala Triana, junto a esta exposición se marchó también la financiación: “En 2015 y en 2016 caía el dinero de los árboles a las ONG, ahora quedamos cuatro contadas”. La consecuencia directa es, según ella, que “se vulneran derechos al no haber presión ni presencia internacional que los pueda denunciar”. 

No se puede saber si mejorarán las condiciones de los campos, si se acortará la espera para las entrevistas o si se pondrá fin a los detention centers. Tampoco si Samira podrá asentarse en Grecia con sus dos hijos o si Youssef volverá a reencontrarse con su familia. Solo una cosa parece clara: cuantos menos ojos haya, mayores serán las vulneraciones de derechos.