Vivienda y corrupción centran el último Pleno de la Asamblea de Madrid

• La oposi­ción pone en duda la efi­ca­cia del Plan Vive
• La Comu­nidad de Madrid jus­ti­fi­ca la actuación de Alber­to González

El encar­ec­imien­to del sue­lo madrileño cen­tró las críti­cas del con­jun­to par­la­men­tario al Gob­ier­no pre­si­di­do por Isabel Díaz Ayu­so en el pleno de la Asam­blea de Madrid de este jueves. A la sesión, ante­cedi­da por el nom­bramien­to del exso­cial­ista Joaquín Leguina como pres­i­dente de la Cámara de Cuen­tas en for­ma de jura­men­to ofi­cial, han asis­ti­do los prin­ci­pales diri­gentes del PP madrileño. 

La oposi­ción pro­gre­sista echó en cara al Gob­ier­no autonómi­co el encar­ec­imien­to de la vivien­da en la comu­nidad y el incumplim­ien­to del cono­ci­do como Plan Vive, prop­uesto por el PP en 2020. El proyec­to responde al decre­to 84/2020, que estip­u­la una políti­ca de vivien­da madrileña que com­pro­m­ete al Gob­ier­no autonómi­co a con­stru­ir “vivien­das en alquil­er ase­quible en sue­los de tit­u­lar­i­dad públi­ca”. Juan Loba­to, sec­re­tario gen­er­al de los social­is­tas en Madrid, crit­icó que el Gob­ier­no haya “con­stru­i­do solo un dos por cien­to de las 25 mil vivien­das urgentes que prometió”, un total de 140.

En la mis­ma línea, el grupo social­ista en la asam­blea se hizo eco de la ofen­si­va munic­i­pal encabeza­da por Can­de­lar­ia Tes­ta, alcalde­sa social­ista de Alcor­cón, des­de las bases del PSOE‑M. Juan Loba­to se sumó a las exi­gen­cias de los ayun­tamien­tos para que la Comu­nidad de Madrid per­mi­ta declarar zonas ten­sion­adas, y así entrar en sin­tonía con la políti­ca de vivien­da nacional ver­te­bra­da por la Ley de Vivien­da y ten­dente a la reg­u­lación de pre­cios y alquil­eres. Ayu­so se man­tu­vo deci­di­da a “no ten­sion­ar nada”, ase­gu­ran­do que la reg­u­lación de pre­cios es “inter­ven­cionis­mo estatal”. En el debate de este jueves, no se ha sabido difer­en­ciar entre las políti­cas públi­cas y los por­menores per­son­ales, tales como la proce­den­cia fran­quista y otras polémi­cas que rodean al piso de Ayu­so y su pare­ja. La mis­ma Rocío Monas­te­rio, san­ciona­da el pasa­do miér­coles por haber vota­do des­de el escaño vacío de su com­pañero ausente, se pro­nun­ció sobre el prob­le­ma de la vivien­da y ase­guró que se solu­cionaría con una “lib­eración del sue­lo”, lo que impli­caría una baja­da de impuestos autonómi­cos. 

Des­de la oposi­ción, tam­bién se cen­suró la dudosa prác­ti­ca con la que los grandes propi­etar­ios de vivien­das, pro­te­gi­dos por el pro­pio Plan Vive, car­gan el Impuesto sobre los Bienes Inmue­bles a los inquili­nos más des­fa­vore­ci­dos. Esta prác­ti­ca gen­er­al­iza­da con­tradice la sen­ten­cia del Tri­bunal Supre­mo (1391/2023) que declaró ile­gal la traslación del impuesto munic­i­pal al arren­datario, pues su pago cor­re­sponde exclu­si­va­mente al propi­etario de la vivien­da. La líder de la oposi­ción y por­tavoz de Más Madrid en la Asam­blea de Madrid, Manuela Berg­erot, tachó este fenó­meno de “vergüen­za” y exigió may­or decen­cia a los grandes propi­etar­ios. 

Caso Ayu­so 

Los liti­gios trib­u­tar­ios que enfrentan a la actu­al pare­ja de la pres­i­den­ta Ayu­so, Alber­to González, con la Agen­cia Trib­u­taria estu­vieron pre­sentes en la sesión de con­trol par­la­men­taria y las com­pare­cen­cias de pren­sa de los dis­tin­tos diri­gentes políti­cos. La Comu­nidad de Madrid dio a cono­cer la devolu­ción por parte de Hacien­da al señor González de un total de 522 mil euros. Pese a descono­cerse el moti­vo de dicha devolu­ción, se sospecha que puede deberse al pago en exce­so que la pare­ja de Ayu­so real­izó en un ejer­ci­cio de 2022 a través del Impuesto de Sociedades, con el obje­ti­vo de reg­u­larizar vol­un­tari­a­mente sus deu­das, prác­ti­ca expre­sa­mente pro­hibi­da por el artícu­lo 252 de la Ley Gen­er­al Trib­u­taria. Con este argu­men­to, algunos miem­bros de la oposi­ción recal­caron que la devolu­ción de dicha cuan­tía, predicha en su momen­to por la propia Ayu­so, no exime las acusa­ciones de fraude fis­cal que pesan sobre su pare­ja respec­to a los ejer­ci­cios de 2020 y 2021. “Esto no es como con­fe­sarse, pagar tarde y mal”, ironizó Juan Loba­to.