La crisis de la vivienda empuja a miles de ciudadanos a marchar por las calles de MadridEsta es la primera de una serie de movilizaciones planificadas para junio en más de 20 ciudades de toda España
El cántico “¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que no tenemos casa!” resonó en el centro de Madrid durante más de dos horas desde las 12 del mediodía de este domingo, 24 de mayo, con la presencia de miles de personas que marcharon exigiendo soluciones a la crisis de la vivienda. Desde la cuesta de Moyano hasta las cercanías de la estación de metro de Sevilla, las multitudes de ciudadanos madrileños se congregaron para responder a la iniciativa del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el mismo grupo que convocó la manifestación por la vivienda digna del año pasado.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) también estuvo en la organización de la marcha que, bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida”, propició un encuentro multitudinario en las calles de la capital, motivado por el estado crítico en el que se encuentra el mercado inmobiliario en España. Los portavoces del sindicato han estimado una participación de más de 80.000 personas, aunque la Delegación de Gobierno redujo este número a 23.000.
Las exigencias de la plataforma van desde la subida de los salarios a la reducción inmediata de los alquileres, así como al aumento de las pensiones mínimas hasta los 1.500 euros. Bajo esa línea común, los distintos colectivos, plataformas y grupos ciudadanos asociados a los derechos y la representatividad de los inquilinos, manifestaron por medio de pancartas, eslóganes y cánticos su inconformidad con un mercado inmobiliario que calificaron como “rentista” y al que acusan de expulsar a los vecinos de los barrios y entorpecer los proyectos de vida de los profesionales jóvenes. La marcha también contó con la presencia de representantes de poderes oficiales, como la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, o la eurodiputada en el Parlamento Europeo por Podemos, Irene Montero.
Los manifestantes que recorrieron el eje del paseo del Prado no entendían de edades, pero sí compartían un mismo diagnóstico: el mercado de la vivienda está “fuera de control», tal como comentó Antonio Jiménez, un jubilado madrileño de 84 años que se ha convertido en rostro habitual de algunos programas de La Sexta. Jiménez fue tajante: “Los que gobiernan no dan solución a esto. Tenemos que salir a protestar porque las nuevas generaciones no sé dónde ni cómo van a vivir; la gente joven hoy no puede construir un proyecto de vida sin un techo”.
A su lado, Jesús, de 60 años e integrante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, matizaba el foco de la protesta, desvinculando las arengas y reclamos del pequeño propietario y apuntando hacia el abuso generalizado y estructural: “No digo yo que el que ha heredado un piso de su abuela no lo pueda alquilar, claro que puede. Lo que no puede suceder son las cláusulas abusivas constantes”, explicaba.
Para el sindicato, la hoja de ruta que permitiría auxiliar a las clases medias españolas en este contexto de crisis debe tener como objetivo fortalecer y revitalizar el parque de vivienda pública. “La solución se llama vivienda social de alquiler. Si no hay sanidad, educación y vivienda pública, la clase media se viene abajo y los obreros pasaremos a ser esclavos”, aseguraba Jesús.
Problemas de larga duración
La preocupación de los mayores no solo se veía reflejada en sus testimonios sobre la forma en que sus nietos (en el caso de Antonio), o hijos (en el caso de Jesús), han sufrido la crisis de la vivienda. A ello se suman también los efectos de una crisis estructural que arrastra casi dos décadas ya. Para Javier Crespo, representante de la PAH de Madrid, el escenario actual es la consolidación de la crisis del 2008, ahora agravada por la intervención de los fondos buitre.
Según Crespo, mientras los mayores siguen afrontando ejecuciones hipotecarias, los jóvenes quedan excluidos por el encarecimiento del mercado, lo que hace inútil el artículo 47 de la Constitución, ante una respuesta institucional que califica de «prácticamente nula». Para él, esto se sustenta en el hecho de que en España, sólo alrededor del 3% del parque de vivienda es público, un porcentaje que mantiene al país aún lejos del 8% de la media europea y así se haría “imposible abastecer a las familias vulnerables, generando el cóctel perfecto para el colapso social”.
Propietarias y trabajadoras domésticas
La preocupación por el panorama inmobiliario de la capital no es exclusiva de los inquilinos, como se vio en distintos rostros de la marcha. Tal es el caso de una vecina y propietaria del barrio de Estrecho, en Tetuán, quien acudió a la manifestación por iniciativa propia. Aunque prefiere mantener el anonimato, comentó que el problema no es el pago de los recibos mensuales, sino la desaparición que percibe en el entorno de algunos barrios de forma progresiva: “Ves cómo tu barrio va perdiendo vecinos de toda la vida a favor de negocios vacíos de identidad”, se lamentó mientras caminaba hacia el punto final de la marcha, una tarima dispuesta a la altura de las estaciones de metro de Sevilla, sobre la calle de Alcalá.
Allí, frente a miles de ciudadanos, se pronunció Ilma Tomalá, migrante ecuatoriana afincada en España desde 2010 y parte de la plataforma Territorio Doméstico, que agrupa a empleadas del hogar y de los cuidados. Tomalá denunció que las nuevas y severas exigencias del mercado bloquean todo tipo de acceso a un techo: “Ahora te piden garantías e ingresos inasumibles hasta para alquilar una sola habitación, algo que antes no ocurría. El salario se nos va en los huecos del alquiler y ya no nos alcanza para vivir”.
El fin de la marcha se fue agotando con las distintas intervenciones de otras plataformas como 0-3, que representa a las y los educadores públicos de primera infancia, mostrando así la transversalidad del problema, que congregó desde vecinos de Vallecas hasta migrantes de Lavapiés.
Esa necesidad de respuesta colectiva es también una respuesta frente a los discursos que intentan culpar de la crisis a la población migrante, según Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Celebrando el «desborde» de la marcha, Álvarez apuntó a una «minoría rentista», los fondos buitre y la inacción gubernamental como los verdaderos responsables de que el alquiler prácticamente se trague el poder adquisitivo de los salarios.
Álvarez apuntó que las exigencias del Sindicato también incluyen una reducción del 50% en los precios del arrendamiento, la obligatoriedad de los contratos indefinidos para erradicar el miedo a la expulsión periódica y la recuperación del parque residencial en manos de la especulación y las viviendas turísticas para devolverlo a un uso social.
Al disolverse la movilización, seguía patente en los afiches pegados en las paredes con el lema de que la vivienda no puede costar la vida. Estas exigencias serán el punto de partida para las distintas marchas que el sindicato proyecta realizar en más de veinte ciudades de toda España durante el mes de junio.
