Línea 7B del metro: una historia de cansancio y frustración
LÍNEA 7B DEL METRO
Una historia de cansancio y frustración
Tras 18 años, los vecinos todavía sufren a causa de las obras
[ Vídeo completo aquí ]“Mamá, oigo crujir las paredes”, le dijo un día a Tamara su hijo. El cabecero de su cama daba al muro que colinda con el edificio de al lado; lo que escuchaba eran escombros cayendo por la junta de dilatación. Su piso en San Fernando de Henares empezaba a agrietarse. En el perímetro formado por las calles de la Virgen del Templo, Ventura Argumosa y la Huerta, el caso de Tamara no es único. Desde hace años, el drama se repite en una zona que ya tiene su propia imagen de referencia: una fotografía publicada en los medios en enero de 2023 de cuatro mujeres mayores cubiertas con mantas, sentadas en un banco e iluminadas por los bomberos, tras ser desalojadas de sus casas. Familias enteras, de la noche a la mañana, tuvieron que dejar sus hogares de forma temporal o permanente.
Todo comenzó en 2004, con el proyecto para que el Metro de Madrid llegara a los municipios de Coslada y San Fernando de Henares (este último sería el más afectado). La construcción de la línea 7B prometía ser beneficiosa, pero los cierres continuos, las obras interminables y el impacto en el día a día de los vecinos han causado un perjuicio que, para muchos, ya no compensa el servicio.
El proyecto se inició con un presupuesto de licitación de 181,3 millones de euros para el tramo 3, que comprende las estaciones de San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares, fijado por MINTRA en agosto de 2004. Finalmente fue adjudicado a Dragados en septiembre de ese mismo año por 168,4 millones de euros. A pesar de suponer una rebaja de casi el 7% y de tramitarse de forma ágil en poco más de un mes, las consecuencias a largo plazo fueron desastrosas. La falta de estabilidad del terreno y la incorrecta impermeabilización de la estructura provocaron una sucesión continua de daños en las viviendas y nueve cierres de la línea. Según los últimos datos, el coste acumulado para las arcas públicas ya supera los 400 millones de euros.
La empatía es algo personal y no todo el mundo la tiene”
“San Fernando de Henares ha estado siempre muy bien comunicado con Madrid, mejor que Coslada y que Torrejón”, comenta Tamara, vecina de la calle de Pablo de Olavide desde hace 43 años. Sin embargo, confiesa que la situación se ha vuelto insostenible: “Cada día le estoy cogiendo más manía al pueblo. Ves que tiran un bloque por aquí, tiran otro por allá… y te preguntas: ¿cuál es el próximo? ¿el mío? Ya no estás a gusto”. Fue precisamente ese crujido en el cabecero de la cama lo que alertó a su hijo antes que a nadie. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar.
Flor vive en el mismo bloque que Tamara. Ambas fueron desalojadas de sus hogares junto a sus familias en 2015 durante dos meses. Hoy, las grietas han vuelto a aparecer en sus paredes. Llegó un punto en el que se podían ver las habitaciones contiguas a través de la pared. “Podías meter la mano”, asegura Flor. Debajo del edificio había una “lenteja”, un acuífero colgado que se perforó al excavar el túnel del metro provocando que se hundiera el edificio. En consecuencia, comenzaron a surgir las grietas y muchos más desperfectos.
Los vecinos se organizaron. “La idea era inyectar una espuma, que era lo que podíamos pagar”, cuenta Flor, e intentar revertir los efectos. Finalmente, la Comunidad de Madrid se decidió a inyectar mortero para solucionar el problema. Esto significó meses de sufrir los ruidos de las máquinas durante todo el día y la suciedad que producían. “En cuanto salías a la calle, te podía llegar una lluvia de cemento o golpearte alguna china en la cara”, indica Flor con evidente malestar. Ni las inyecciones de mortero ni el posterior desalojo han surtido el efecto esperado. Los vecinos siguen marcando las grietas con lápiz para seguir su evolución.
Pérdidas irreparables
Tamara y Flor aún tienen sus viviendas, pero Ramón no corrió la misma suerte. Él tan sólo conserva una plaza en el garaje en el que una vez fue su edificio, en el número 20 de la calle Ventura de Argumosa. Parte del edificio fue demolido a consecuencia de las obras del metro. Su casa se encontraba en esa parte.
Ramón vivía enfrente del antiguo pozo de ventilación del metro, el origen del problema. El pozo no estaba bien impermeabilizado y tan solo seis meses después de que finalizaran las obras comenzó a dar problemas. Le siguieron numerosas obras para reparar la infraestructura del metro, que no hicieron más que deteriorar poco a poco su entorno.
Debido a las filtraciones, en 2019 desviaron el agua que sacaban del túnel del metro a un colector que había en la calle de la Presa. “La desgracia fue que ese colector no estaba bien, a pesar de que el Canal de Isabel II decía que no tenía problemas”, asegura Ramón. El problema acabó con la demolición de los bloques 1 y 3 de la calle de Rafael Alberti. El agua se extendió subterráneamente, debilitando el terreno y, finalmente, llegó al edificio donde estaba su casa.
Hasta le estoy cogiendo manía al pueblo”
En respuesta a los hechos, se iniciaron unos expedientes de responsabilidad patrimonial que, en el caso de Ramón, como él mismo cuenta, “se sustanciaron cuatro años después en una resolución que no satisface las necesidades que tengo de una nueva vivienda”. Según afirma, la valoración que ha hecho la Comunidad de Madrid “corresponde aproximadamente al 50% del valor actual de una vivienda de esas características en este barrio”. Ante esta tesitura, a él y a sus vecinos solo les queda resignarse o interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid en reclamación de responsabilidad patrimonial.
Otra persona que ha sufrido los derrumbes es Nieves. Ella tenía su escuela de danza flamenca en el bajo de la casa familiar donde vivía su padre, en la calle de la Presa. Nieves cuenta que al regresar a la escuela tras la pandemia no pudo abrir la puerta de la entrada. Cuando llegó el cerrajero, le contó que ella no era la única que estaba teniendo ese problema: esa misma tarde había atendido a otros cuatro vecinos del barrio en la misma situación. Al entrar en su escuela, vio que el suelo que había reformado un año antes se había abombado de nuevo.
Las grietas iban a más, cambió el suelo tres veces, pero el problema continuó. “Tenía que llegar media hora antes de abrir al público para barrer los escombros que habían caído del techo durante la noche”, recuerda Nieves. “Para mí aquello era una preocupación porque en esa casa no solamente vivía mi padre, de 90 años, sino que entraban cada tarde 50 niñas”.
“Fue duro. Ahora ya han pasado casi cinco años, pero estuve mucho tiempo con ansiedad. Afortunadamente, gracias a la actitud de mis alumnas, pude continuar con la compañía de danza”, dice con orgullo. Para seguir adelante, ha tenido que trasladar su escuela a un aula de alquiler en Canillejas, donde ensayan un día a la semana. Todavía está pendiente de juicio, pues califica la indemnización que les ofrecieron de “ridícula”.
Los afectados
El número de afectados ha aumentado en los últimos años, esta vez con mayor incidencia en la zona de la plaza del Trébol y en la calle de la Virgen del Templo. Allí viven Arantxa y David. La casa de David está en el número 6 de la calle Virgen del Templo. En el verano de 2021 comenzó a notar los desperfectos en su vivienda. Se fue de vacaciones en julio y cuando volvió ya había una grieta que llegaba hasta el techo. “En quince o veinte días se empezó a agrietar todo y, miraras donde miraras, había una grieta”, afirma. Las ventanas no cerraban, la terraza se desniveló, los azulejos de la cocina se partieron… “Toda la casa se había movido”, resume David.
Según cuenta, la propuesta de indemnización para reparar las viviendas es muy inferior a los presupuestos que han consultado los vecinos con empresas de reformas. Mientras que en el presupuesto que le han dado a él la reforma costaría 27.000 euros, “para la Comunidad de Madrid todo se arregla con 6.200”, dice enfadado.
Arantxa, cuyo portal está a unos pocos metros del de David, en la plaza del Trébol, empezó a encontrar grietas en su casa y tuvo que ser desalojada, coincidiendo con la inyección de mortero en la zona. “Aunque la Comunidad de Madrid nunca lo ha reconocido, aparentemente se debió de tocar una zapata del edificio y hubo un movimiento brusco de una de las esquinas”, cuenta. Este movimiento hizo que se desencajaran las puertas e impidió la entrada y la salida del edificio. A diferencia de David, a Arantxa todavía no le ha llegado la propuesta de indemnización porque no fue reconocida como afectada hasta el año pasado, cuando encontró su dirección en la lista de afectados publicada en el BOCM.
Ese es uno de los principales factores en los que coinciden los seis: la falta de reconocimiento y de apoyo a los damnificados. Aunque en 2022 se abrió la Oficina de Atención a los Afectados por la línea 7B de Metro de Madrid, ellos denuncian que no atiende sus necesidades. “Te puedo decir que hemos hechovarios EXPONE, cerca de cien peticionespor vecino y no hacen ni caso”, protesta David, que asegura sentirse ninguneado por los técnicos de la comunidad.
En la casa vivía mi padre, de 90 años, y cada tarde entraban 50 niñas”
Arantxa hace hincapié en los resultados del reciente informe del Centro Sira sobre el daño psicosocial que sufren los afectados. “Los datos que arroja son muy preocupantes”, asegura. Otra queja común es la falta de empatía por parte de la población del municipio, sobre todo al principio. “La empatía es algo personal y no todo el mundo la tiene”, se lamenta Ramón.
Tamara explica que, sin embargo, a partir de la creación de la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por el Metro línea 7B ha crecido el apoyo: “Hablamos mucho. Conoces a gente que vivía enfrente de tu casa y a la que casi casi no conocías y ahora te apoyas en ellos y ellos se apoyan en ti. Hay otro tipo de relación”.
La situación sigue siendo frustrante. No solo sienten que la gestión ha sido deficiente. Como dice Flor: “La forma de tratarnos de la Comunidad de Madrid no tiene nombre. Lo repetiré mil veces, es un maltrato psicológico”. También creen que la construcción de un nuevo parque urbano sobre el recinto en el que solía encontrarse el Complejo del Pilar, antiguo lugar de encuentro y cultura derribado entre 2023 y 2024, es una estrategia con la que, según Arantxa, “se piensa dar carpetazo a la situación”. Pero, hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia histórica que eleva sustancialmente las indemnizaciones fijadas por el Gobierno regional. Esto sienta un precedente y arroja un rayo de esperanza para el resto de afectados que, como Ramón, aún esperan una indemnización justa.








